El reciclaje se ha convertido en una herramienta esencial para abordar la problemática de la crisis climática. Al reciclar podemos reducir la extracción de nuevos recursos naturales y reutilizar elementos para satisfacer la creciente demanda. Asimismo, el reciclaje ayuda a minimizar la cantidad de residuos que terminan en vertederos o que se queman, lo que a su vez aminora los gases contaminantes. En Chile, la Ley de Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (REP), promulgada en 2016, fue un importante avance. En este artículo, explicaremos los aspectos clave de la Ley REP y cómo los empresarios pueden adaptarse y aprovechar las oportunidades que ofrece. 

La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor es una normativa que busca trasladar la responsabilidad del ciclo de vida completo de un producto al fabricante o importador, incluyendo su gestión ambiental y disposición final. En otras palabras, establece que los productores deben hacerse cargo de los residuos generados por sus productos una vez que llegan al final de su vida útil. Esta ley se enfoca en fomentar la economía circular, en contraposición a la economía lineal, donde los productos se fabrican, utilizan y luego se desechan. 

En Chile, según cifras del Ministerio de Medio Ambiente, cada persona genera 1,26 kilos de desechos diarios, y a nivel nacional 24 mil toneladas al día. Esto coloca a Chile como el país número #1 del ranking sudamericano por la mayor cantidad de residuos producida por persona en una jornada. Estas cifras hablan de la necesidad de establecer un sistema de producción más sostenible.

El objetivo principal de la Ley REP es promover la reducción, reutilización, reciclaje y valorización de los residuos, así como incentivar la ecoeficiencia en el diseño y fabricación de productos. Al hacer que los productores asuman la responsabilidad de la gestión de los residuos que generan, se busca crear un incentivo económico para que estos diseñen productos más duraderos, reciclables y menos dañinos para el medio ambiente.

La Ley REP determina que, a partir del 2023, las empresas productoras chilenas deben pasar de un modelo lineal a un modelo circular en materias primas. Se trata de que tanto las empresas, como gestores y consumidores, se hagan cargo de su rol en la cadena de reciclaje. Es decir, un nuevo panorama en términos de reciclaje, que nos acerca a un desarrollo más sostenible. 

Respecto al reciclaje, la normativa establece cinco categorías de productos prioritarios: 

• Aceites y lubricantes 

Se creará un sistema que se haga cargo de la recolección, transporte y valorización de los aceites lubricantes usados (ALU). 

• Aparatos eléctricos y electrónicos 

Se trata de productos de consumo masivo, que generan un alto volumen de residuos. Además, algunos contienen componentes o elementos peligrosos, como plomo o mercurio.

• Pilas y baterías 

El desarrollo de la electromovilidad ya está haciendo que el uso de estos productos aumente. Las pilas y baterías se pueden revalorizar en aplicaciones de segundo uso o en aplicaciones de reciclaje.

• Neumáticos y envases 

Desde el 2023, las empresas que importan neumáticos deberán reciclar el 25% de los neumáticos y recolectar el 50%

• Envases y Embalajes 

Los productores e importadores que introduzcan envases y embalajes al mercado chileno estarán obligados a inscribirse en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). Junto a lo anterior, deberán entregar la información que se les solicite. La fecha del cumplimiento comienza en septiembre de 2023.

Para los empresarios, la Ley REP implica una serie de responsabilidades y oportunidades. En primer lugar, deben asegurarse de cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación, lo que incluye registrar sus productos, establecer sistemas de recolección y gestión de residuos, y proporcionar informes periódicos sobre sus actividades. Es importante estar al tanto de las regulaciones específicas de cada país o región donde operen. 

La Ley REP incluye una serie de obligaciones que deberán ser cumplidas por los productores de productos prioritarios. Entre ellas, se encuentra la tarea de informar de forma anual a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). En este documento, las empresas deberán informar acerca de los principales aspectos de su gestión de residuos. 

A su vez, las empresas deberán cumplir con las metas de recolección y valorización de residuos que se fijen para cada categoría de producto a través de un sistema de gestión autorizado por el ministerio de medio ambiente. Por último, la ley REP establece otras obligaciones como ecodiseño; certificación, rotulación y etiquetado de productos; sistemas de depósito y reembolso, entre otras.

• Conocer la legislación: es importante comprender las regulaciones específicas de la Ley REP y asegurarse de cumplir con los requisitos legales y estar al tanto de las posibles actualizaciones o cambios en la normativa. 

• Diseño de productos sostenibles: la Ley REP es una oportunidad para integrar la sostenibilidad en el diseño y fabricación de productos. Para esto, es clave considerar la durabilidad, la facilidad de reparación y el uso de materiales reciclables o biodegradables.
   
• Establecer sistemas de gestión de residuos: Para cumplir con las obligaciones de la Ley REP, se recomienda establecer sistemas eficientes para recolectar, gestionar y reciclar los residuos generados por los productos. Existen proveedores especializados en la gestión de residuos para garantizar una correcta disposición final. 

• Explorar oportunidades de negocio: El nuevo marco normativo puede ofrecer nuevas oportunidades de negocio, como servicios de reciclaje, recuperación de materiales o colaboraciones estratégicas con otras empresas del sector. 

ProCycla ofrece un servicio de asesoría, acompañamiento y planificación para el cumplimiento de la ley REP y otras obligaciones sanitarias para cualquier tipo de organización. Nuestro servicio cubre todas las exigencias necesarias para el cumplimiento de la ley REP, así como de los reglamentos y normativas nacionales e internacionales para el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos. De esta forma, se asegura una mejora continua y beneficios a corto plazo. 

En conclusión, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor es una herramienta clave para promover la sostenibilidad y la economía circular. Los empresarios deben adaptarse a esta legislación, cumpliendo con sus obligaciones legales y aprovechando las oportunidades que surgen para desarrollar nuevos modelos de negocio sostenibles.